pasada, fue acusada de privación abusiva de la libertad y vejaciones, y podrían recibir una dura condena, además de la exoneración de la fuerza.
El caso adquirió mayor relevancia en las últimas horas, cuando en una audiencia, el fiscal de la causa, que se tramita en los Tribunales de Rafaela, Martín Castellano, resolvió ampliar la imputación contra tres de los seis policías detenidos por la "crucifixión" de Víctor Robledo, de 27 años, sumando a los delitos de "omisión de hacer cesar la detención, vejaciones, severidades y apremios ilegales" que pesaba contra ellos, los de "privación ilegítima de la libertad con abuso de sus funciones" y "falsedad ideológica de documento público". Entre los imputados se encuentran el oficial principal Carlos Alberto Flores (ex jefe de la comisaría 6º de Frontera) y Francisco Germán Campos (ex subjefe), además de suboficiales.
El fiscal Carlos Arietti,detalló en conferencia de prensa uno de los hechos denunciados y que revela la forma en que actuaban los funcionarios policiales habrían privado ilegítimamente de la libertar a dos personas.
Uno de los cuales al encontrarse en los calabozos de la dependencia policial totalmente desnudo y esposado de espalda contra la reja y con sus manos fuera de la misma, fue obligado a comer su propia materia fecal y luego a beber la orina de dos personas que se hallaban en el lugar, y que tras haber vomitado fue forzado a esparcírselo por todo su cuerpo".
En otro caso, se hizo uso de armas de fuego en perjuicio de una persona durante el mes de abril en el barrio Acapulco, quien, como consecuencia de los disparos sufrió lesiones en uno de sus dedos de la mano izquierda y la quebradura del fémur de su pierna derecha. En ese caso, tanto la víctima como los testigos "identifican al personal policial aludido como los autores del ilícito", dijo Arietti.
En cuanto a la causa Robledo, el fiscal Castellano concretó una exposición sobre los delitos que habrían cometido los uniformados, tales como restricción de la libertad personal en un calabozo; alteraciones en el libro de guardia; omisiones en hacer cesar la detención ilegal; no haber permitido el acceso a alimentos y al sanitario; aplicación de golpes y crucifixión con cinta de embalar; y haber ubicado a Robledo en su lugar de trabajo para solicitarle que modifique la primaria declaración, ofreciendo dinero a cambio.
El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, dijo esta mañana en Rafaela que "se está en presencia de tres hechos muy graves, pero aislados uno de otros con un grupo de personas que lamentablemente pertenecen a la fuerza policial y que van a ser castigados. No estamos enfrentados (con la Policía) sino que, por el contrario, contamos con su colaboración", subrayó.
